La usuaria asistió el 11 de marzo de 2020 a una diligencia en la Unidad Judicial de Familia, Niñez y Adolescencia – Mariscal Sucre, de Quito, donde presentó un certificado médico según el cual, supuestamente, era portadora del virus COVID-19 y por tanto, debía permanecer en cuarentena.

El incidente, que generó temor entre los usuarios y servidores judiciales, fue reportado inmediatamente a las instancias pertinentes y mientras se confirmaba si la ciudadana constaba en alguna de las bases de personas contagiadas, cerco epidemiológico o pacientes en cuarentena, las actividades en la Unidad Judicial fueron suspendidas por cerca de una hora. Una vez que se confirmó que se trataba de una falsa alarma el trabajo se reanudó con normalidad.

Según la denuncia del Director General del Consejo de la Judicatura, se trata de un delito de acción pública, tipificado en el Art. 328 del COIP: “Falsificación y uso de documento falso.- La persona que falsifique, destruya o adultere modificando los efectos o sentido de los documentos públicos, privados, timbres o sellos nacionales, establecidos por la Ley para la debida constancia de actos de relevancia jurídica, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. (…)”.

El Consejo de la Judicatura espera que las investigaciones que realice la Fiscalía General del Estado, determinen la responsabilidad por estos hechos, en razón de la alarma que generó la actuación de la usuaria denunciada.

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